Hace pocos días la Cámara de Diputados de Chile aprobó, en lo general, un proyecto de ley que sanciona la violencia escolar y el bullying en los establecimientos educacionales, abriendo la puerta para denunciar a la justicia estos casos.
Al respecto, el Dr. Abarham Magendzo, experto en Educación y Derechos Humanos, publicó una interesante columna en Educarchile que, por su interés, reproduzco in extenso:
¿Deberían los colegios responder ante la justicia por casos de agresión escolar entre sus alumnos?
Para responder a la pregunta formulada comenzaré señalando que nadie podría rechazar la idea que existe una imperiosa necesidad de levantar una política pública referida a la agresión escolar, así como se han formulado en muchos países. Pienso que ya era tiempo de hacerlo, toda vez que hemos conocido de casos trágicos de estudiantes que han sido agredidos, intimidados o expuestos a violencia física o psicológica.
Sin embargo, de igual forma soy categórico en afirmar que los colegios NO debieran responder ante la justicia por los casos de agresión de sus alumnos . Hacerlo significa llevar el tema desde la esfera educacional al judicial. En otras palabra, lo judicial pasa a tener un papel creciente y dominante, desplazando estrategias que son más consonantes con una mirada educativa y psico-social.
Asumir una postura “judicializante” conduce irremediablemente a vigorizar el modelo de la escuela autoritaria y punitiva, tan en boga históricamente en nuestro sistema educacional, donde los estudiantes son compelidos a obedecer ordenes e instrucciones que de no ser acatadas son objeto de amonestaciones y sanciones. Quizás, subyacente a las manifestaciones estudiantiles de hoy, existe hay una rebeldía en contra de este modelo sancionador.
No olvidemos que la escuela esta llamada a crear un clima democrático, dialogante y participativo, como factor necesario para el logro de aprendizajes de nivel intelectual superior y como condición para el desarrollo de competencias ciudadanas.
A mi parecer, llevar a los colegios a la justicia, además de reforzar esta racionalidad impositiva y no dialogante, conlleva consecuencias ético -educacionales muy comprometedoras. Por de pronto, los mensajes que se están transmitiendo son que los conflictos se resuelven no en el dialogo y la argumentación sino que en la justicia; que la agresión escolar está vinculada a la delincuencia, a lo penal, al castigo, a lo punitivo y a la represión y no al trabajo educativo .
Para finalizar desearía formular algunas contra-preguntas para responder a la pregunta inicial:
- ¿Se ha revisado la literatura para ver cuáles son los resultados alcanzados al respecto en otros países que han aplicado el modelo sancionador? ¿No estaremos levantando falsas expectativas que pueden ser altamente frustrantes?
- Una pregunta capciosa: ¿no hay temores de que algunas escuelas comiencen a emplear artimañas no del todo éticas para evitar ser multadas? Este temor no es del todo irreal, toda vez que se han visto situaciones no del todo éticas para recibir subvenciones que no corresponden o para incrementar el puntaje Simce
- ¿Qué seguridad tenemos que esta política sancionadora no sea una puerta para que bufetes de abogados y compañías de seguros vean en esto un “negocio bien rentable” como lo es por ejemplo en el ámbito de la salud?
- ¿No se estará estigmatizando y demonizando a las escuelas que sean llevadas a la justicia?
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Cito:
¿Se ha revisado la literatura para ver cuáles son los resultados alcanzados al respecto en otros países que han aplicado el modelo sancionador? ¿No estaremos levantando falsas expectativas que pueden ser altamente frustrantes?
Creo que lo que se deberia de hacer en todo caso es concientizar a la gente, buenas practicas educacionales que permitan el dialogo, de esta manera creo que se ataca el problema de raiz.
Cada realidad es distinta y por eso también las posiciones adoptadas son distintas. Creo, al igual que tú, en la tarea más larga y más difícil es crear conciencia y dialogar.
Gracias por tu comentario,
prof. Benedicto González Vargas